El 30 de marzo de 2016 se establecen por ley los requisitos legales para utilizar la aplicación Uber en España. 

El Tribunal Supremo defiende la “libertad de empresa” tras anular la obligación impuesta por el Ejecutivo, por el cual cada servicio debía ser contratado con 30 minutos de antelación, y la prohibición de que los vehículos pudieran ser geolocalizados por sus clientes, dándole la razón a Uber.

Una Corte en Bruselas se ha expedido entendiendo que el conductor se encontraba en una “relación laboral de carácter independiente” y que no hay control jerárquico sobre el conductor por parte de Uber.