Ignacio Boulin<\/strong> Desde abril de 2016, quienes manejan y utilizan la aplicaci\u00f3n Uber como modo de llegar a personas que quieren ir de un lado a otro se ven sometidos a una doble persecuci\u00f3n. Por un lado, autoridades judiciales de la Ciudad de Buenos Aires los denuestan p\u00fablicamente como si fueran miembros de la mafia. Los encausan en procesos penales con el \u00fanico fin de asustarlos y que desistan de trabajar<\/strong>. La Polic\u00eda los detiene. Por otro lado, avalados por este actuar de las autoridades estatales, terceros privados se sienten impunes para organizar emboscadas en las que de a varios contra uno los atacan, los amenazan, queman sus autos.<\/p>\n\n\n\n \u00bfEl motivo de estos embates? Trabajar como conductores, llevar a personas con las cuales se han conectado a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n Uber.<\/p>\n\n\n\n Para impedir que entrara la competencia en el mercado, las autoridades no se anduvieron con chiquitas. En la Legislatura se propusieron proyectos de ley para darles a los fiscales y a la Polic\u00eda la facultad de bloquear p\u00e1ginas y aplicaciones. Una jueza orden\u00f3 bloquear la aplicaci\u00f3n de Uber. Los conductores fueron rotulados de delincuentes por, supuestamente, ejercer una actividad lucrativa en el espacio p\u00fablico <\/strong>\u2014con igual criterio habr\u00eda que prohibir a quienes hacen delivery de comidas para que dejen de usar el espacio p\u00fablico para llevar sus pedidos. Estas acometidas estatales fueron absolutamente desproporcionadas.<\/p>\n\n\n\n En primer lugar, bloquear un sitio web o una aplicaci\u00f3n es algo prohibido por el derecho a la libertad de expresi\u00f3n. Este tipo de restricciones a internet implica atacar la libertad de las personas que utilizan ese espacio virtual para expresarse de la misma manera que antes gritaban en las plazas. El derecho a la libertad de expresi\u00f3n obliga al Estado a generar y proteger un \u00e1mbito en el cual todas las informaciones y las ideas puedan estar en circulaci\u00f3n. Desde el Estado, s\u00f3lo puede intervenirse restringiendo un discurso en muy se\u00f1aladas excepciones: cuando hay expresiones que contienen propaganda de la guerra y apolog\u00eda del odio que constituya motivaci\u00f3n directa a la violencia, ante la incitaci\u00f3n directa y p\u00fablica al genocidio y frente a la pornograf\u00eda infantil.<\/p>\n\n\n\n En segundo lugar, perseguir criminalmente a personas que trabajan manejando un auto como aut\u00f3nomos resulta chocante<\/strong>. Amenazarlos p\u00fablicamente con enviarlos a la c\u00e1rcel por realizar un trabajo legal es contrario al sentido com\u00fan y solamente busca asustar. Toda persona tiene derecho a trabajar, y el Estado debe resguardar el derecho, no prohibirlo.<\/p>\n\n\n\n En tercer lugar, la violencia estatal avala la violencia privada. Son diversos los casos en la historia que dan cuenta de que, ante la denigraci\u00f3n de autoridades p\u00fablicas sobre un grupo determinado, personas privadas que comulgan con esas ideas se sienten avaladas por la ley para actuar por mano propia. En Buenos Aires, las agresiones institucionales han sido tomadas como carta blanca para que sujetos no relacionados con el Estado golpeen, amenacen de muerte y destruyan los bienes de quienes conducen un Uber.<\/p>\n\n\n\n Esto debe parar; ya ha escalado de manera realmente peligrosa. S\u00f3lo en una semana hubo m\u00e1s de diez agresiones a conductores<\/strong>. Los beneficios de la libertad deben ser asegurados a todos, pero especialmente a quienes \u00fanicamente pretenden trabajar honradamente para mantener a sus familias.<\/p>\n\n\n\n El autor es abogado, mag\u00edster en Derecho Administrativo LLM por la Universidad de Harvard. Profesor universitario y cofundador del\u00a0Centro Latino Americano de Derechos Humanos.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
17 Febrero, 2017
Infobae<\/p>\n\n\n\n
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