Santiago Maqueda<\/strong> La econom\u00eda digital ofrece grandes oportunidades laborales y perspectivas de generaci\u00f3n de riqueza. Tiendas en l\u00ednea, desarrolladores de aplicaciones, sistemas de pago electr\u00f3nico, contenidos audiovisuales, venta de publicidad en redes sociales, plataformas que intermedian entre oferentes y demandantes de los m\u00e1s variados productos y servicios: las alternativas parecen infinitas. Seg\u00fan la C\u00e1mara Argentina de Comercio Electr\u00f3nico, la facturaci\u00f3n anual del sector en el pa\u00eds para el a\u00f1o 2016 fue de 102.700 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n Estas actividades son disruptivas respecto de los operadores preexistentes y tambi\u00e9n pueden serlo respecto de los fiscos locales donde se desarrollan tales actividades<\/strong>. Ocurre que muchos operadores no necesitan instalarse f\u00edsicamente en el pa\u00eds, sino que act\u00faan desde servidores ubicados en el extranjero y a trav\u00e9s de internet. Sin embargo, las leyes tributarias, tales como el impuesto a las ganancias y los impuestos locales a los ingresos brutos, fueron pensadas desde una visi\u00f3n territorial y materializada de la actividad econ\u00f3mica. Esto es, bajo la premisa de que los gobiernos s\u00f3lo pueden cobrar impuestos respecto de bienes y actividades que est\u00e9n ubicados dentro de su territorio o, al menos, pertenezcan a sus residentes.<\/p>\n\n\n\n Ah\u00ed est\u00e1 el problema: el territorio de la econom\u00eda digital y la residencia de sus operadores, si es que existen, son m\u00e1s bien difusos<\/strong>. Esto impide aplicar las leyes impositivas actuales, que no fueron escritas para una econom\u00eda digital: coinciden los expertos en que tales actividades no generan renta de fuente argentina a los efectos del impuesto a las ganancias, ni constituyen un establecimiento permanente que permita al fisco gravar rentas obtenidas por un no residente.<\/p>\n\n\n\n Esta \u00abdeficiencia\u00bb de las leyes tributarias conlleva as\u00ed un grave riesgo. Las autoridades, en af\u00e1n recaudatorio o sancionatorio, pueden utilizar tales leyes con interpretaciones expansivas y aplicarlas a situaciones para las cuales no fueron dise\u00f1adas. Esto habr\u00eda ocurrido recientemente con Uber en la Ciudad de Buenos Aires: con motivo en la supuesta falta de pago de impuestos locales que no resultan aplicables, se les imputaron delitos tributarios a sus directores y se solicit\u00f3 su prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n Pero la Constituci\u00f3n Nacional proh\u00edbe que se exijan impuestos que no hayan sido previamente establecidos por ley. Se trata del llamado \u00abprincipio de legalidad tributaria\u00bb, que viene de la Carta Magna del a\u00f1o 1215, por la cual los nobles ingleses obtuvieron del rey Juan \u00absin Tierra\u00bb limitaciones a la ambici\u00f3n recaudatoria \u00absin aviso previo\u00bb de Su Majestad. Este principio exige que los elementos de todo tributo est\u00e9n establecidos previamente de forma precisa por el \u00f3rgano legislativo.<\/p>\n\n\n\n Por eso, aplicar a la econom\u00eda digital las leyes impositivas previas a esta podr\u00eda implicar ejecutarlas fuera del alcance con el que fueron dise\u00f1adas. Y, as\u00ed, violar el principio de legalidad tributaria. <\/strong>Esto no es un mero formalismo: es una exigencia democr\u00e1tica. La ciudadan\u00eda debe saber antes de actuar si tiene que pagar impuestos por tal actuaci\u00f3n. En caso positivo, cu\u00e1nto, y es el \u00f3rgano legislativo quien debe fijarlos. Si no, no es un impuesto democr\u00e1tico y es m\u00e1s bien una confiscaci\u00f3n. Es por esto que las autoridades judiciales de la Ciudad de Buenos Aires estar\u00edan, en el caso de Uber, avasallando las competencias de la Legislatura (o el Congreso de la Naci\u00f3n) y afectando el principio democr\u00e1tico en la tributaci\u00f3n y la divisi\u00f3n de poderes.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, si efectivamente se concluyera que la aplicaci\u00f3n Uber ha evadido (la app, no los conductores de los autos, que son contribuyentes diferentes), todas las empresas que tambi\u00e9n operan en internet desde el exterior \u2014como Netflix, Skype, AirBnb y muchas otras\u2014 deber\u00edan haber pagado del mismo modo estos impuestos, y su directorio deber\u00eda ser perseguido por las leyes penales tributarias locales. En otras palabras, las imputaciones formuladas en la Ciudad de Buenos Aires convertir\u00edan a la mayor parte de la econom\u00eda digital en una actividad delictiva<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n En 1819, en \u00abMcCulloch v. Maryland\u00bb, la Suprema Corte de Estados Unidos destac\u00f3 que el poder para establecer impuestos sobre una actividad conlleva el poder para destruirla. Aplicar el poder tributario sin sustento legal claro y previo, o de forma desproporcionada, tiene en s\u00ed el germen para frustrar seriamente el desarrollo de la actividad que se pretende gravar. Eso podr\u00eda ocurrir con la econom\u00eda digital si no se respeta la Constituci\u00f3n plenamente en materia tributaria.<\/p>\n\n\n\n En cuestiones tan caras para los derechos constitucionales, la falta de legislaci\u00f3n tributaria actualizada, igualitaria y equitativa no debe solucionarse con interpretaciones creativas que violen la Constituci\u00f3n. Son nuevas legislaciones, debatidas p\u00fablicamente por los representantes del pueblo y adecuadas a una econom\u00eda crecientemente digital la necesaria respuesta a esa falencia.<\/p>\n\n\n\n El autor es profesor de Derecho Constitucional y Administrativo y de An\u00e1lisis Econ\u00f3mico del Derecho. Es coautor de dos libros, y autor y coautor de diversos art\u00edculos acad\u00e9micos y cap\u00edtulos de libro.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
21 Diciembre, 2017\u00a0
Infobae<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n
![\"\"](\"http:\/\/ubereslegal.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/uber-61-1024x683.jpg\")
<\/figure>