F\u00e9lix Lonigro<\/strong> La pol\u00e9mica en torno a la actividad desarrollada por Uber ha crecido en nuestro pa\u00eds, porque no se trata de un virus que se expande en la sociedad y al que por lo tanto sea menester erradicar, sino simplemente de una organizaci\u00f3n que, mediante una plataforma tecnol\u00f3gica, ofrece un servicio de intermediaci\u00f3n entre dos partes que desean celebrar un contrato oneroso de transporte (cuya ejecuci\u00f3n estar\u00e1 luego regulada por el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n), siendo ajena al v\u00ednculo entablado entre ellas, a las que s\u00f3lo acerca para la prestaci\u00f3n de un servicio o realizaci\u00f3n de una transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Esta intermediaci\u00f3n no requiere autorizaci\u00f3n alguna de la autoridad, ya que consiste en desarrollar una actividad que no est\u00e1 expresamente prohibida, y que por lo tanto es l\u00edcita, desde que es apotegma constitucional aquel por el cual est\u00e1 permitido todo aquello que no est\u00e1 prohibido (Art. 19 Ley Fundamental).<\/p>\n\n\n\n Pero adem\u00e1s es inexplicable que haya miles de habitantes que encuentran en ese servicio de intermediaci\u00f3n una enorme utilidad, y que al mismo tiempo haya autoridades que pretendan prohibirla. \u00bfAcaso no son los gobernantes quienes deben hacer posible el bien com\u00fan, como fin de la existencia del Estado mismo? No s\u00f3lo es inconstitucional prohibir lo que no est\u00e1 prohibido, sino que adem\u00e1s, en democracia, es contrario a la esencia misma del \u201ccontrato social\u201d actuar en sentido contrario al deseo y beneficio de la mayor\u00eda de los habitantes.<\/p>\n\n\n\n Ahora bien, suponiendo que la prestaci\u00f3n tecnol\u00f3gica ofrecida por Uber constituyera una actividad susceptible de autorizaci\u00f3n y reglamentaci\u00f3n estatal, aparecer\u00edan algunos interrogantes: \u00bfpor qu\u00e9 no se logra dicha autorizaci\u00f3n siendo que se trata de un servicio tan demandado por la sociedad? \u00bfesa regulaci\u00f3n ser\u00eda potestad de la autoridad nacional o de la local de cada provincia? \u00bfqu\u00e9 juez deber\u00eda intervenir ante un conflicto planteado por esta cuesti\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n La primera pregunta tiene respuestas pol\u00edticas, y que por lo tanto exceden el an\u00e1lisis jur\u00eddico, pero en este sentido cabe preguntarse si la presi\u00f3n gremial representativa de los taxistas seguir\u00eda existiendo si Viviani lograra representar a los choferes adheridos a Uber. All\u00ed quedar\u00eda demostrado por d\u00f3nde pasa el eje de la presi\u00f3n que el gremio ejerce para prohibir su pretendida legalizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a la autoridad que eventualmente deber\u00eda intervenir para autorizar y reglamentar la intermediaci\u00f3n prestada por Uber, es indudable que s\u00f3lo puede hacerlo la nacional, ya que los servicios que se prestan a trav\u00e9s de plataformas digitales no reconocen l\u00edmites ni fronteras territoriales, e ingresan en la categor\u00eda del denominado \u201ccomercio electr\u00f3nico\u201d (e-commerce), cuya potestad regulatoria est\u00e1 constitucionalmente asignada al Congreso de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, las autoridades locales insisten en impedir que la plataforma de Uber funcione en su jurisdicci\u00f3n, y en un fallo jur\u00eddicamente desopilante dictado en enero de este a\u00f1o, una jueza orden\u00f3 el bloqueo de su plataforma digital \u201cen todo el territorio de la Naci\u00f3n\u201d. El fallo no s\u00f3lo es absurdo por cuanto fue emitido por un juez local contravencional de la Ciudad de Buenos Aires (cuando la Ley 27.078 dispone para ello la competencia de la Justicia federal), sino adem\u00e1s porque pretendi\u00f3 extender sus efectos m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites de la Capital Federal. S\u00f3lo a quien no es abogado se le podr\u00eda perdonar semejante error conceptual, porque jur\u00eddicamente es sabido que un juez local no puede dictar una sentencia extendiendo su alcance a todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n El escenario que se presenta es el siguiente: por un lado, representantes que no s\u00f3lo pretenden prohibir la prestaci\u00f3n de un servicio que no est\u00e1 prohibido, sino que adem\u00e1s es reclamado por miles de representados; por el otro, jueces que se exceden en sus potestades jurisdiccionales. Me pregunto c\u00f3mo hacemos los docentes universitarios para explicar el significado de la democracia y del Estado de derecho.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
Prof. Derecho Constitucional UBA, UAI y UB
14-05-2017 00:41<\/p>\n\n\n\n
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