Alberto B. Bianchi<\/strong> Las revoluciones tecnol\u00f3gicas generan profundos cambios jur\u00eddicos. El derecho, cuya misi\u00f3n es regular la realidad, sufre cambios cuando \u00e9sta se transforma, de modo que no es irrespetuoso decir que \u00e9ste corre detr\u00e1s de la tecnolog\u00eda, pues no podr\u00eda ser de otra manera. Las ciencias jur\u00eddicas no son un ejercicio de anticipaci\u00f3n o adivinanza. Su objetivo es regular los hechos que ya existen y requieren de contenci\u00f3n formal para amoldarse a la sociedad en la cual se producen. A nadie se le hubiera ocurrido sancionar un C\u00f3digo Aeron\u00e1utico antes de la invenci\u00f3n del aeroplano y habr\u00eda sido tildado de insano el que hubiera pretendido legislar en el siglo XVIII sobre la vacunaci\u00f3n antivari\u00f3lica.<\/p>\n\n\n\n Esta regla, sin embargo, no es absoluta y el caso de UBER es un buen ejemplo de que algo tecnol\u00f3gicamente novedoso, puede -y debe- ser regulado por un instrumento jur\u00eddico tan cl\u00e1sico como el contrato particular de transporte. Es que UBER no ha inventado un nuevo medio de transporte revolucionario que carezca de una legislaci\u00f3n adecuada, sino una aplicaci\u00f3n m\u00f3vil -similar a otras que alojamos en nuestros tel\u00e9fonos – que facilita la comunicaci\u00f3n entre personas que necesitan trasladarse y otras que est\u00e1n disponibles para llevarlas en su autom\u00f3vil por un precio. UBER no ha inventado el transporte, ni los autom\u00f3viles, ni el celular, pero ha unido todo ello creando una comunidad integrada por los potenciales pasajeros que han bajado la aplicaci\u00f3n y por quienes se han registrado como conductores.<\/p>\n\n\n\n Aqu\u00ed es donde ingresa el Derecho y sus regulaciones, pero para que sus regulaciones no sean conceptualmente err\u00f3neas, es necesario tener en claro cu\u00e1l es el objeto a regular. En un pa\u00eds como el nuestro, acostumbrado al agobio de la intervenci\u00f3n estatal en las actividades privadas, la tendencia instintiva es asimilar este tipo de transporte a un servicio p\u00fablico que no podr\u00eda llevarse a cabo sin contar previamente con un permiso. As\u00ed, la visi\u00f3n m\u00e1s simplista es identificar la actividad con el servicio de taxis o remises. En este sentido se han manifestado ya las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires a trav\u00e9s de declaraciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n Puedo entender el error conceptual en el cual incurren estas afirmaciones, pues hist\u00f3ricamente el transporte de pasajeros, para que pueda ser rentable, ha acudido a la regulaci\u00f3n estatal y a la exigencia de que previamente debe obtenerse una licencia. Es por tal motivo que desde hace d\u00e9cadas el antiguo contrato de transporte individual de pasajeros cay\u00f3 en el ostracismo por razones pr\u00e1cticas m\u00e1s que jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n Debe admitirse, entonces, que el transporte de pasajeros no es ontol\u00f3gicamente un servicio p\u00fablico, ni existe ninguna exigencia, fundada en principio constitucional alguno, que impida ejercerlo libre y particularmente, aunque se lo lleve a cabo en forma habitual y onerosa. Por el contrario, ser\u00eda inconstitucional que el transporte de pasajeros s\u00f3lo pudiera llevarse a cabo si se contara para ello con una habilitaci\u00f3n estatal, pues de esta forma quedar\u00eda asimilado a una suerte de actividad prohibida, como la portaci\u00f3n de armas de cierto calibre, o la caza de ciertas especies, que solamente pueden llevarse a cabo si se cuenta con una autorizaci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n Si tal exigencia se impusiera respecto del transporte particular de pasajeros, similar requisito podr\u00eda aplicarse tambi\u00e9n a quienes celebran una compraventa, constituyen una sociedad u otorgan un mandato. Y no caben dudas de que tal imposici\u00f3n ser\u00eda inconstitucional por la restricci\u00f3n que supone a la libertad contractual y porque de tal forma las autoridades locales podr\u00edan modificar a su discreci\u00f3n el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n, agregando requisitos no contemplados en \u00e9l para celebrar los contratos all\u00ed previstos.<\/p>\n\n\n\n \u00bfEn qu\u00e9 consiste, entonces, la revoluci\u00f3n que produce la aplicaci\u00f3n UBER? En lo tecnol\u00f3gico permite conectar a personas que hasta ahora no ten\u00edan otro medio de hacerlo que acudiendo a servicios regulados. En lo jur\u00eddico, paradojalmente, la revoluci\u00f3n permite que el cl\u00e1sico contrato de transporte particular, que virtualmente hab\u00eda dejado de existir, reviva y pueda volver a ser ejercido regularmente. Esta reaparici\u00f3n del contrato de transporte en el mundo real coincide, adem\u00e1s, con su renovada regulaci\u00f3n en el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n (art\u00edculos 1280 y ss). No se trata, entonces, de encasillar forzadamente esta actividad en una antigua y desactualizada legislaci\u00f3n. La misma encuadra sin dificultades en un moderno c\u00f3digo recientemente sancionado.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
Actualizado el 13 de Abril de 2016
El Cronista<\/p>\n\n\n\n
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